SANTO DOMINGO, R.D. (viprensa).- El Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX), emitió un comunicado en el cual informa la
posición del Gobierno dominicano en relación a la postura presentada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A continuación se comparte el documento íntegro:
El deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha
agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso
masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre
ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de
salud pública que su gobierno no les provee.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en
hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la
inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984.
En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se
han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica
que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad dela
red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a
23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del
2021.
Lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad
y violencia extrema que motiva a muchos de sus ciudadanos a buscar
servicios básicos fuera de ese país. Esta incapacidad del Estado
haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una
corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se
encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en
Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación
de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país
vecino.
Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado
sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en
República Dominicana.
El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no
devolución (non-refoulement) en el sentido de no deportar a
individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos
crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus
derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política,
nacionalidad, etc.
Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el
presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros
de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular.
En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e
inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene
responsabilidad alguna.
Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos
y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de
todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas
de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la
CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las
circunstancias actuales.
Es menester señalar que la normativa internacional sobre los
migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de
migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar
los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales. De lo
que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a
los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de
estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el
deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los
servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de
hospitales.
Las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de
emergencia migratoria que asedia a nuestro país, la región y el
mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una
crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se
movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los
Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a
tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes.
Este es un problema hemisférico y global que requiere soluciones
creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el
aporte de los Estados y los organismos internacionales. No es el
momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación
en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera
responsabilidad son sus ciudadanos.
Invitamos a la CIDH a consultar con el Estado de manera oportuna las
situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan
generarle dudas para, a través de los canales oficiales, suministrar
las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones
ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no
verificadas.
Respecto a la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana
fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su
bebé, el Gobierno dominicano afirma que, después de investigar, no
existe evidencia de que esto haya ocurrido. Hasta el día de hoy se
han registrado cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de
parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado
en Haina.
En esos casos, todas fueron enviadas al hospital en ambulancia y
luego de haber recibido el alta médica, la Dirección General de
Migración (DGM) las trasladó de regreso en ambulancia a recintos de
acogida, donde se les ha provisto alimentos, vestimenta, refugio y
productos de higiene personal para la madre y los neonatos.
En todo caso, la DGM mantiene un protocolo para los migrantes
vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que
se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas.
En primer lugar, la Dirección General de Migración cuenta con un
servicio de ambulancia las 24 horas del día para el traslado de las
embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario. Asimismo, se
habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia
requeridos. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro
de salud, las autoridades no penetran al hospital, solo el personal
médico que asume el caso.
Cabe destacar que este protocolo integra la incorporación de un
equipo conformado por mujeres en los operativos para garantizar la
integridad física de las pacientes, e impide tajantemente la
deportación durante las labores de parto. La repatriación solo
ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura.
Para atender los casos de las embarazadas próxima a dar a luz, se
cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).
El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho
internacional general y americano y, en particular, con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en
la materia ratificados por el país.
Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver
las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de
la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana
manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de
colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros
dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación
haitiana.
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