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SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. (viprensa).- El informe COSO
(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión), una visión
global para gestionar el riesgo de manera íntegra y objetiva en
relación a un sistema de control interno, esto con 2 (dos) objetivos
fundamentales: a) encontrar una definición clara del Control Interno,
que pueda ser utilizada por todos los interesados en el tema, y
b) proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para
que las empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la
calidad de sus propios sistemas de Control Interno.
El COSO define el sistema de CI., como un proceso que garantiza,
seguridad razonable pero de ninguna manera absoluta, que pueden ser
alcanzados con 3 (tres) objetivos: 1) Eficacia y eficiencia de las
operaciones, 2) Fiabilidad de la información financiera oportuna y
3) El cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. Y que
deban estar circunscritos y/o dirigidos a la implantación y gestión
del Sistema del Control Interno. Investigaciones revelan que el
Informe COSO en su interacción con la auditoria forense, se han
convertido en la mejor práctica por excelencia y el estándar de
referencia para todo tipo de empresas públicas y privadas.
La esencia identificadora del COSO., y de evaluar y administrar los
riesgos, para dar una visión general de las amenazas a las que está
expuesta una compañía, y ampliar el concepto de control interno, y
tener una dirección clara del negocio. Este marco de trabajo fue
pensado para tratar los riesgos de forma inteligente con el fin de
conservar la rentabilidad y rendimiento de la empresa y para
comprender la importancia tanto del cumplimiento con las normas
gubernamentales como las internas de la compañía. Desde su
nacimiento en el año 1992 el informe COSO, se ha convertido en el
referente para los gestores de riesgos, juntas directivas y gerentes
de las organizaciones a nivel global. Garantizando una visión de
360° sobre los posibles riesgos que podrían afectar las compañías,
este marco de acción referencial permite dar una línea para accionar
planes y así hacer una correcta gestión de riesgos.
Además, posibilita priorizar y alinear los objetivos, tomar
decisiones acertadas, tener planificación estratégica y un control
interno con visión general de todas las áreas de la compañía. En ese
orden de ideas, implementar COSO mejora el desempeño y por ende hace
más eficaz la supervisión, también ayuda a reducir fraudes en las
organizaciones, tomar mejores decisiones y cumplir de manera más
efectiva las metas.
La implementación del éste informe está llamado a proporcionar un
liderazgo reflexivo a través del desarrollo de marcos integrales y
orientación sobre el control interno, la gestión del riesgo
institucional y la desmoralización del fraude, con el fin de mejorar
significativamente la eficacia de la organización. Por tal razón
debe proporcionar liderazgo organizacional en tres frontales:
gestión del riesgo empresarial, control interno, y disuasión del
fraude.
El Métodos de Administración y Evaluación de Riesgos, favorece los
negocios y sirve para que una compañía refuerce sus sistemas de
control interno, en interacción con la implementación del informe
COSO por ello, debe estar incorporado dentro de las políticas,
reglas, y regulaciones de las empresas para un mejor control. La
necesidad de un marco de riesgo operacional en las empresas.
Partiendo de que el Control Interno es un proceso que se gestiona
por la dirección y el resto del personal de una organización,
diseñado con el objeto de proporcionar seguridad en la eficacia y
eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información
financiera y cumplimiento de la normativa para garantizar el logro
de objetivos, trascendentales en una correcta gestión de riesgos
como apetito y tolerancia de riesgos, así como una visión de riesgos
desde todas sus perspectivas, impactos y probabilidades.
El control interno es el garante de una seguridad razonable de la
salvaguarda de los activos de la empresa, y que su proceso es
ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración de una
entidad, involucrando como grupo de apoyo a directivos (gerencial) y
a todo el resto del personal, diseñado específicamente para
proporcionarles conseguir en la empresa los tres objetivos
categóricos a) Efectividad y eficiencia de las operaciones. b)
Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Y c)
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Considerando
que este lo que proporciona es una seguridad razonable, más que
absoluta, de que se lograrán estos objetivos.
En el caso de la auditoría forense en su etapa preventiva esta tiene
el propósito esencial, de ofertar evaluaciones y asesoría a las
organizaciones gubernamentales, sin importar su misión, así como a
las empresas de carácter privado, en todo lo que respecta a las
medidas pertinentes para detectar, prevenir, desistir, persuadir o
disuadir se refiere, a los potenciales propiciadores de fraudes,
delitos financieros o de lavado de activo, para que no ejecuten los
mismos. La prevención en principio va a consistir en tomar acciones,
implantar y tomar decisiones en el presente, para evitar la
ocurrencia de fraudes en el futuro.
La parte detectiva se debe describir la ocurrencia de fraudes a
través de un análisis técnico e investigaciones de fondo, para poder
indicar, Cuándo ocurrió el fraude, cómo fue ejecutado, a cuánto
ascendió la suma defraudada precalificación del tipo de fraude,
cuáles son los daños directos y los colaterales, identificación
imputable como autores cómplices y encubridores. E incluir una
explicación detallada de lo ocurrido, especificando las violaciones
a los manuales internos y gubernamentales, y a las normativas
anticorrupción, antifraude y a los sistemas de prevención de lavado
de activo, precalificando las tipologías detectadas. Los anexos
justificativos, que comprueban los hallazgos y las evidencias de
cada operación. En este punto hay que garantizar la cadena de
custodia de las pruebas, a fin de preservar el carácter jurídico de
las mismas.
El Ministerio de Administración Pública, (MAP), es el órgano rector
del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos
por la Ley de Función Pública, del fortalecimiento institucional de
la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y
de los procesos de evaluación de la gestión. Siendo el organismo
rector de monitorear. La implementación de. Las Normas básicas de
control interno (NOBACI) y que constituyen el marco de referencia
mínimo obligatorio en materia de control interno, para que el sector
público prepare los procedimientos y reglamentos específicos del
funcionamiento de sus sistemas de administración y control (SAC). El
CI., constituye una herramienta indispensable que apoya a la
administración, titulares y servidores públicos en sus diferentes
niveles, de las entidades u organismos públicos en la obtención de
una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos
institucionales y en su proceso de rendición de cuentas. Siendo así,
una aplicación efectiva
y eficiente se debe traducir en logro de objetivos, riesgos
controlados y uso adecuado de la tecnología, apoyados a su vez sobre
la práctica de sólidos principios éticos y un comportamiento íntegro
de sus servidores.
Este proceso, está bajo la rectoría y evaluación permanente de la
Contraloría General de la República, ejecutado por la dirección
superior y los servidores públicos de cada entidad u organismos bajo
el ámbito de la Ley 10-07, y el mismo está llamado a proporcionar
seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo e
inversión de los recursos públicos, el logro de los objetivos
institucionales de la efectividad, eficiencia y de la economía
operacional, protección de activos, confiabilidad de la información,
responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestión,
así como el cuidado y protección del ambiente.
La rendición de cuentas de la gestión institucional, de acuerdo con
lo establecido en el Art. 247 de la Constitución, y el Art. 5 de la
ley 10-07, la Contraloría General de la República es el órgano del
Poder Ejecutivo rector del Sistema Nacional de Control Interno, y a
esos fines, las disposiciones, normas, políticas y directrices que
ella dicte en el ámbito de su competencia, son de acatamiento
obligatorio y prevalecerá sobre cualesquiera otras disposiciones de
las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley que se le
opongan. Del lado de las obligaciones de las entidades u organismos
públicos en este aspecto, esta misma Ley en su Art. 7 establece una
serie de atribuciones y deberes para asegurar la efectividad del
control interno institucional, y específicamente con la naturaleza
de sus operaciones y objetivos.
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