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SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- La Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), bajo los auspicios técnicos de la empresa,
Serví Marketing Interactivo, SMI, SRL., realizó durante los primeros
15 días del mes de noviembre, del presente año 2022, un
estudio-diagnóstico, sobre la percepción que tienen los dominicanos,
sobre la seguridad ciudadana y sus causales.
El estudio denominado con el nombre de DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN
SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA, se
aplicó en unas 11 provincias, en las que se concentran el 70%, de la
población dominicana y más del 80% de toda la actividad criminal del
país; a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo
Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Francisco de
Macorís, Samaná, San Pedro de Macorís, Higuey, San Cristóbal, San
Juan de la Maguana y Barahona.
Se tomaron como muestra 1,300 encuestas personales y virtuales,
divididas en 700 encuestas directas, mediante cuestionario y el
resto, unas 600 muestras, vía medios electrónicos, con estimación
del 5% de margen de error. Las muestras presenciales recogieron e
integraron elementos y características que la hacen representativa
de la población dominicana, tomando en consideración para la
selección de los porcentajes, el sexo, el segmento de edades, la
ocupación y la clase social a la que pertenecen, a partir de los
datos reflejados en el último censo nacional, realizado en el país,
hacen ya décadas.
El presidente de la FJT, Trajano Potentini, explicó que la
investigación tuvo como objeto principal, el recoger la percepción y
opinión que tienen los dominicanos, sobre la seguridad ciudadana y
las causas que estarían generando las actuales estadísticas
existentes en el país, en materia de delincuencia común y
criminalidad organizada.
El estudio resaltó, que el 80.7% de los entrevistados identifican
como un grave y preocupante problema el auge de la delincuencia,
incluso hasta justificando en un 66.3%, el llamado intercambio de
disparo y los linchamientos de delincuentes, destacando que, durante
lo que va del año 2022, el 28.5% de los dominicanos ha sido víctima,
de por lo menos algún delito.
Estudio atribuye principales causas de la delincuencia en RD, al
alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración
ilegal haitiana.
Asimismo, Potentini informó que la encuesta arrojó, como las tres
principales causales de todo el activismo delincuencial, en primer
lugar, el alto costo de la vida y la crisis económica, para un
28.8%, el narcotráfico y consumo de drogas, con un 17.6% y la
Migración Ilegal Haitiana, con un 15.4%, seguido de la corrupción,
complicidad e impunidad, con un 12.2%, la falta de oportunidades y
desempleo, con un 8.2%, la influencia y penetración de la música
urbana, con letra explícita, sobre sexo, incitación a la violencia y
al consumo de drogas, con un 4.1%, y la educación deficiente, con un
3.4 %, entre otras variables, tales como: la crisis de valores, la
pobreza, la desigualdad social, la desintegración familiar, etc…para
un 10.3%.
Otros datos de interés sitúan a la Policía Nacional, en una escala
de 0 a 100, con una credibilidad o valoración de apenas un 29%,
seguido por el Poder Judicial, con un 39% y el Ministerio Público
con una aceptación del 51%, dándole también una precaria aprobación
al desempeño del gobierno dominicano, en materia de políticas
públicas y combate a la delincuencia, de menos del 40%.
El referido diagnóstico también consideró el temor y la sensación de
inseguridad que sienten los dominicanos, al estar expuestos a
lugares hacinados, en soledad y con poca iluminación, también el
estar en las calles a altas horas de la noche y preponderantemente
el acercamiento de motoristas sin identificación. También resalta el
que la mayoría de los encuestados, casi un 70%, toma conocimiento de
la ocurrencia de crímenes y delitos, vía las redes sociales.
Los datos aquí servidos, además de otros detalles y variables,
constituyen el insumo base y referencia para presentar a seguidas un
plan piloto de medidas urgentes, las cuales sometemos a la
consideración del gobierno y de la sociedad dominicana en pleno,
como un aporte de la Fundación Justicia y Transparencia, en el
interés y objetivo de contribuir a mejorar los niveles de seguridad
pública y convivencia pacífica, en la República Dominicana.
De acuerdo con la entidad cívica, este análisis toma en
consideración las causas que originan e inciden en el aumento y
desarrollo de la actividad criminal, proponiendo y reiterando en
algunos casos, el conjunto de medidas y recomendaciones que se
listan a continuación:
Plan piloto y acciones para contrarrestar auge de la delincuencia.
1.-Disponer de políticas públicas efectivas para aumentar la
productividad de mercaderías y productos agropecuarios, apoyando con
mayores recursos y logística, la agricultura y la industria
nacional; además de ampliar los operativos del Instituto Nacional de
Estabilización de Precios (INESPRE), confrontando también la
especulación y desorden en los precios de la canasta familiar.
2.- Ampliar los programas de prevención y persecución en contra del
consumo y tráfico de drogas con acciones estratégicas y alternativas
a la problemática, tales como apoyo al deporte y los clubes en las
comunidades, operativos médicos, talleres y cursos de formación
cívica y técnica, en fin, la intervención y apoyo de los barrios y
comunidades.
3.- Desarrollar un plan de vigilancia y control migratorio riguroso
y permanente en la frontera dominico haitiana, así como el aplicar,
sin interferencias o presiones extranjeras las leyes migratorias
vigentes.
4.-La urgente organización, control y seguimiento de la actividad
del motoconcho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con
un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al
acompañante.
5.-Desarrollar un operativo masivo de electrificación, alumbrado e
iluminación, además de la limpieza y el ornato de aquellas áreas y
zonas previamente identificadas como vulnerables, todo ello a cargo
del Ministerio de Energía y Minas, los ayuntamientos y obras
públicas.
6.- Consensuar sobre la necesidad de crear una ley de prevaricación
judicial que destierre la complicidad entre delincuente y
autoridades, disponiendo además de mejores condiciones de vida para
jueces y fiscales y apoyo logístico y recursos para cumplir de
manera más efectiva con sus responsabilidades.
7.-Desplegar un patrullaje sostenible, estratégico y focalizado en
las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de
policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios,
todo ello en desmedro de su función y esencia, al ser el garante de
salvaguardar la seguridad pública. También el disponer de mayor
apoyo y capacitación técnica para los policías.
8.-La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en
las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la
exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la
obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y
negocios.
9.- La celebración de campañas nacionales, sobre la necesidad de
combatir y prevenir la delincuencia, haciendo especial énfasis en la
orientación y conocimiento sobre medidas preventivas contra la
delincuencia. Las referidas campañas deberán también incluir de
manera fundamental las redes sociales, sobre todo concientizando a
la población de la necesidad de colaborar y ayudar en el combate a
la criminalidad; así como la identificación y solución a posibles
situaciones de peligro y vulnerabilidad, mediante el establecimiento
y socialización de un protocolo mínimo de defensa y precaución ante
la ocurrencia del delito.
10.- Establecer mediante disposición legal (ley o decreto), la
obligatoriedad de incluir en los medios de comunicación nacionales,
un mínimo de publicidad relativa al combate y prevención contra la
criminalidad y con ello sensibilizar e integrar a la sociedad.
También activar la comisión nacional de espectáculos públicos para
controlar la música, con letras que atentan contra el orden público
y las buenas costumbres.
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