San Pedro de Macoris.-
 El alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz, entiende que la modificación de la Ley 225-20, actualmente en discusión, representa una oportunidad histórica para fortalecer la de los residuos sólidos y garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en el impacto ambiental que generan.

Dijo que no podemos seguir permitiendo que la carga recaiga únicamente sobre los gobiernos locales y la ciudadanía, mientras los grandes generadores de desechos buscan evadir su compromiso.

Señaló que el debate en torno a estas modificaciones refleja una realidad innegable y, que el sector empresarial se muestra renuente a asumir costos adicionales para la correcta gestión de los residuos que producen.

Sin embargo, entiende que esta reforma no busca perjudicar a nadie, sino establecer un sistema más justo y eficiente y, quienes generan más desechos, también contribuyan proporcionalmente a su manejo.

"Primero como ciudadano y luego como alcalde de San Pedro de Macorís, me siento en la obligación de alzar la voz en favor de los municipios y del desarrollo sostenible de nuestro país", sostuvo el edil municipal.

El alcalde Ortiz, consideró que, si queremos ciudades limpias en el futuro, la modificación en discusión debe aprobarse. Indicó que la recolección y el tratamiento adecuado de los residuos es un tema de salud pública, calidad de vida y desarrollo sostenible.

"No es un lujo ni un gasto innecesario, sino una inversión en el bienestar de nuestra gente", añadió el alcalde Ortiz.

Dijo que los municipios necesitan recursos y herramientas para enfrentar este desafío, y que esta reforma le permitiría acceder a fondos provenientes de los sectores que más contribuyen a la generación de residuos.

Expresó que de aprobarse estas modificaciones, los ayuntamientos recibirían recursos significativos que transformarían la gestión de los residuos sólidos en nuestros municipios. Por ejemplo, San Pedro de Macorís tendría acceso a 6,525,690 pesos mensuales, lo que permitiría mejorar la infraestructura de recolección, adquirir nuevos equipos y optimizar las rutas de limpieza en la ciudad.

Entiende que municipios más pequeños, como Consuelo y Quisqueya, también se verían beneficiados con ingresos de 1,216,410 y 682,500 pesos mensuales, respectivamente, recursos que fortalecerían sus planes de saneamiento.

El ejecutivo municipal entiende que la modernización de nuestra legislación ambiental es una necesidad inaplazable, y cada día que se retrasa esta reforma, seguimos acumulando basura en nuestras calles y contaminando nuestros ecosistemas.

Expresó que las empresas que se resisten al cambio deben entender que no pueden desligarse de su responsabilidad social y ambiental.