San Pedro de Macorís.- La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano que preside el Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, expresó su respaldo a las comunidades y personas que, ejerciendo su derecho, promueven de manera pacífica la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.

La entidad también se sumó al llamado para que estos territorios sean protegidos de actividades mineras, advirtiendo que dichas prácticas podrían comprometer su integridad ecológica y alterar su función dentro del ciclo hidrológico del país.

En ese sentido, exhortó a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que demandan el respeto y la conservación de estas zonas montañosas.

En su pronunciamiento, la comisión recordó las enseñanzas del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si', donde se destaca que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida que exige decisiones prudentes orientadas al bien común y la sostenibilidad de la vida.

Asimismo, enfatizó que las montañas no solo representan un patrimonio natural invaluable, sino que constituyen un elemento esencial para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país. Manifestó su preocupación ante posibles operaciones mineras en estas cordilleras, especialmente por su impacto en el agua, recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas.

Las cordilleras, explicó, funcionan como grandes reservorios hídricos al captar, almacenar y distribuir el agua que alimenta ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional. Cualquier alteración significativa de estos sistemas podría afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, con consecuencias directas para las generaciones presentes y futuras.

La preocupación se extiende a todos los acuíferos y sistemas hídricos del país que requieren protección frente a acciones que pongan en riesgo su sostenibilidad.

La comisión advirtió que la actividad minera implica la remoción de suelos, el uso intensivo de sustancias químicas y la generación de desechos altamente tóxicos que, aun bajo controles técnicos, representan riesgos para las fuentes de agua.

En ese contexto, señaló que la posible contaminación por metales pesados o sedimentos constituye un peligro, ya que puede modificar los cursos naturales del agua y afectar los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas. Como ejemplo de esta realidad, citó la situación de la Presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país.

Retomando la encíclica Laudato Si’, la comisión recordó que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, subrayando que proteger las montañas que garantizan este recurso es una expresión concreta de justicia social y respeto a la dignidad humana.

En ese sentido, consideró legítima la acción de los ciudadanos que reclaman que no se aprueben proyectos mineros en ambas cordilleras, calificando esta demanda como un reclamo justo en favor de la vida de toda la nación.

La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo integral y sostenible, instando a la aplicación de políticas económicas que armonicen el progreso con la protección ambiental. De manera particular, solicitó que la protección del agua sea un criterio fundamental al evaluar la viabilidad de cualquier proyecto minero.

También llamó a promover alternativas económicas que garanticen el bienestar presente sin comprometer el futuro, y exhortó a fomentar un diálogo responsable entre autoridades y ciudadanía, con el objetivo de encontrar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.