FP afirma que 1,152 muertes en intervenciones policiales evidencian fracaso de la política de seguridad ciudadana
Por redacción -
Octubre 21, 2026

Santo Domingo, R.D.-
La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió que las muertes ocurridas
durante intervenciones policiales evidencian el fracaso de la
política de seguridad ciudadana. La organización rechazó que se
utilice la fuerza letal al margen de los principios de
legalidad, proporcionalidad y debido proceso.
La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización política,
durante una rueda de prensa, donde informó que, según los
levantamientos realizados por la FP, entre 2020 y octubre de
2026 se han registrado 1,152 muertes en hechos reportados como
intercambios de disparos o acciones legales.
“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la
delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas
de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por
la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando,
¿por qué ahora mano dura?”, cuestionó Reynoso, al señalar que el
miedo y la inseguridad continúan afectando la vida cotidiana de
los dominicanos.
La dirigente explicó que los registros de la organización
contabilizan 76 muertes durante intervenciones policiales en
2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo
que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236
fallecimientos. Vinculó este incremento con la política de mano
dura, popularizada mediante el denominado código 1.29, que
calificó como una “cortina de humo” frente al fracaso de los
planes gubernamentales de seguridad.
Reynoso recordó que la Constitución dominicana protege el
derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que
advirtió que “ninguna institución del Estado tiene autoridad
para condenar a muerte a un ciudadano”. No obstante, dejó
claramente establecida la posición de la organización respecto
al derecho de los agentes policiales a defenderse: “La Fuerza
del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger
sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales”.
