Santo Domingo, R.D.- En una operación orientada a reducir la evasión fiscal, proteger el mercado formal y la salud de los dominicanos, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) coordinaron la incineración de 28,352,755 unidades de mercancías ilícitas, con un valor estimado de RD$ 362,788,883.00.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó durante el acto de incineración de mercancías ilegales que los resultados obtenidos son fruto de un esfuerzo interagencial entre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado.

“Este gran esfuerzo continuará a lo largo y ancho del territorio nacional, para que cada vez que anunciemos la quema de estos productos se incremente la cantidad, como ha sucedido en los últimos años”, afirmó el alto oficial, al tiempo que felicitó a los hombres y mujeres que día tras día combaten el contrabando y la competencia desleal.

A nombre del titular del MICM, Yayo Sanz Lovatón, el viceministro Rainiero Olivo destacó que la acción representa “un paso más hacia la protección de los comercios legítimos y productores nacionales”, mientras que el director de Pro-Consumidor, Eddy Alcántara, destacó el rol de los medios de comunicación en la concienciación ciudadana frente a los ilícitos.

“Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor. Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el marco de la ley”, precisó.

Por su parte, el general de brigada Orlando Jerez Espaillat, director del CECCOM, resaltó que en menos de 90 días se han destruido mercancías ilícitas valoradas en RD$362 millones, evitando pérdidas fiscales y protegiendo la salud de los consumidores.

La destrucción, realizada en las instalaciones de la empresa RECICLA, forma parte de las acciones operativas de la Mesa de Ilícitos. Esta instancia integra los esfuerzos de ProConsumidor, DIGEMAPS, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Migración (DGM), la Policía Nacional y cuerpos militares (ERD, ARD, CESFRONT, CESEP).

Los artículos eliminados habían sido retirados del circuito comercial por violaciones a las normativas vigentes, incluyendo contrabando, evasión de impuestos, adulteración, falsificación y falta de registro sanitario.

Esta intervención ocurre apenas 88 días después de un operativo similar en7vs el que se retiraron más de 19 millones de artículos, consolidando una política de control sobre las infracciones que distorsionan la economía nacional. La destrucción fue realizada en las instalaciones de la empresa RECICLA.

Balance de enero a septiembre de 2026

Las estadísticas de los primeros ocho meses del año reflejan el volumen económico que movilizan las redes de comercio no regulado. Entre enero y septiembre, el volumen acumulado de decomisos globales alcanzó las 63,864,856 unidades de mercancías irregulares, representando un valor conjunto de RD$ 1,030,054,369.00.

De este total general, 52,862,414 unidades fueron incautadas de forma directa, equivalentes a RD$ 905,895,587.00. En paralelo, 11,003,442 artículos, valorados en RD$ 124,158,752.00, se mantienen bajo custodia judicial del CECCOM a la espera de las resoluciones de los tribunales.

En el sector de hidrocarburos, las inspecciones a la cadena de distribución resultaron en la retención de 275,302 galones de combustibles (gasoil, GLP, gasolina y kerosene), cuyo valor en el mercado asciende a RD$ 68,612,209.00. Estos resultados se derivan de 8,006 acciones de control a nivel nacional, que abarcan desde inspecciones logísticas a camiones de transporte hasta la retención de 77 vehículos.

Impacto en la recaudación fiscal

El costo de oportunidad fiscal de estas operaciones se evidencia claramente al analizar categorías de alta tributación, como los derivados del tabaco. La reciente incineración incluyó 24,382,117 unidades de cigarrillos. Un análisis financiero de las autoridades indica que, de haberse comercializado en el mercado informal, el Estado dominicano habría dejado de percibir aproximadamente RD$ 185,325,622.36 correspondientes a impuestos internos (ISC e ITBIS). Esta cifra de evasión alcanzaría los RD$ 233,402,237.16 al sumar el derecho arancelario de importación.

La regularización de estas mercancías y su posterior destrucción responde al objetivo de las autoridades de salvaguardar la recaudación tributaria, garantizar que los agentes económicos operen en condiciones de equidad y mantener la vigilancia operativa para proteger el comercio formal del país.

En el acto de incineración participaron destacadas autoridades del sector defensa, seguridad e instituciones públicas, encabezadas por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa de la República Dominicana, junto al mayor general Enrique A. Aguilera Trujillo, director del CESFRONT; el general de brigada Orlando Jerez Espaillat, director del CECCOM; el general de brigada Rodríguez Coste, director del J2; y el coronel Nolberto Ovalles Hernández, director del G2.

También estuvieron presentes el director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara, el director general del INDOCAL, Néstor Matos, la coordinadora de comercio ilícito de la Procuraduría General de la República, Bony Suriel, y el director de INTABACO, Iván Hernández.

La actividad contó además con la participación de representantes internacionales, entre ellos miembros del Homeland Security Investigations, el agregado de CBP en República Dominicana, Abdias Ortiz, y el gerente de ilícitos de Philip Morris, Erick Salvador Pérez del Toro. Del ámbito empresarial y social asistieron el presidente del FONPER, José Florentino, así como representantes de Procigar, la Dirección General de Aduanas (DGA), DIGEMAPS, tabacaleras nacionales, ADOPROM, RIVLAS y el sector farmacéutico, quienes junto a las autoridades reafirmaron el compromiso conjunto del sector público y privado en la lucha contra el comercio ilícito y la protección de la salud y la economía nacional.