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BARAHONA, R.D. (VIPRENSA).- En el marco de las acciones que
desarrolla la Junta Central Electoral (JCE), en coordinación con el
Ministerio Público, en la detección y procesamiento de los casos de
suplantaciones de identidad y cualquier delito en contra del
registro civil, el Tribunal de Atención Permanente de Barahona
impuso medidas de coerción contra tres empleados de la JCE, y un
grupo integrado por dos dominicanos y seis extranjeros ilegales
señalados como presuntos responsables de cometer delitos de
suplantación de identidad y falsedad de documentos.
El arresto del grupo se produjo tras una labor de inteligencia
desarrollada durante varios meses, en las comunidades de Vicente
Noble, Galván, Tamayo y Neiba, en un operativo en que participaron
las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y
Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, el Departamento
de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en coordinación
con el Ministerio Público adscrito a la JCE para asuntos de Registro
Civil.
A los nombrados Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal,
quienes fungían como empleados de las Oficialías de Neiba y Galván
respectivamente, se les impuso la medida de coerción consistente en
tres meses de prisión preventiva, mientras que, al también servidor
de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso garantía económica y
presentación periódica.
Asimismo, a los ciudadanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (la
Chichi) y Dominguito López Pérez (Dominguito), se les impuso tres
meses de prisión preventiva; y a los extranjeros ilegales Michell
Ange Bien Aime y/o (Estefania), Josué Dupont y/o Héctor Julio
Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy
Montilla y Yudelka Domice, se les impuso como medida seis meses bajo
la vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
Conforme a las indagatorias el modus operandi consistía en que
Rodríguez Contreras abordaba a los ciudadanos extranjeros ilegales
en las inmediaciones de la Oficialía de la 12va. Circunscripción de
Santo Domingo Este, y les ofrecía facilitarle todo tipo de
documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el
territorio dominicano.
Por su parte, Peguero, en complicidad con López Pérez, funcionaba
como brazo para falsificar todo tipo de documentación pública como
actas de nacimientos, cédulas y captaban personas en bateyes y
fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos en la
Junta Central Electoral, aunque el punto principal de las
operaciones era la comunidad de Barahona la modalidad se extendía
por parte de la región sur.
Conforme a las declaraciones de los nacionales haitianos que
intentaron obtener la nacionalidad falsa, la red de falsificación
cobraba RD$70,000.00 y cien mil RD$ 100.000 por entregarles el
documento fraudulento.
Al grupo se le imputa haber incurrido en los delitos de suplantación
de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos
públicos, delitos previstos y sancionados por los artículos 147 y
148 del Código Penal, que sancionan la falsedad en escritura; así
como la Ley 8-92 sobre la Cédula de Identidad y Electoral que
establece condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
Estas medidas de coerción se suman a otros impuestas por las
autoridades en los últimos meses a solicitud del Ministerio Público
adscrito a la JCE.
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