El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que seguirá bajo arresto
domiciliar, está acusado de propagar noticias falsas y de
conspiración.
SAN JOSÉ, COSTA RICA (VIPRENSA).- La justicia nicaragüense remitió a
juicio este lunes al obispo Rolando Álvarez, un alto jerarca de la
Iglesia católica, crítico al presidente Daniel Ortega, a quien se le
acusa de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la
integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio
del Estado.
La jueza Gloria María Saavedra Corrales, quien celebró la audiencia
inicial contra el religioso, mantuvo la medida cautelar de arresto
domiciliario en contra del obispo, según un comunicado del Poder
Judicial.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de
Nicaragua denunció en Twitter que la audiencia se realizó “a puertas
cerradas” y con una defensoría pública “impuesta por el régimen de
Ortega”, y consideró que se “ignoró la solicitud del nombramiento de
una abogada de confianza de la familia del sacerdote”.
Monseñor Álvarez, un obispo que forma parte de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua y que en sus homilías criticaba las
violaciones a los derechos humanos que se dan en el país, fue
acusado por la Fiscalía el 13 de diciembre de varios delitos después
de permanecer por más de tres meses retenido en su vivienda en
Managua sin que existiese una causa judicial en su contra. Los
abogados aseguraron entonces que el religioso se encontraba "en un
limbo jurídico".
Álvarez, de 56 años, es un religioso que administraba la Diócesis de
Matagalpa, ubicada en el centro de Nicaragua.
Dirigía el área de comunicación de la Iglesia católica y varias
emisoras las cuales fueron cerradas por el gobierno de Ortega en
2022.
Las tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la
Iglesia católica del país comenzaron en el año 2018 que surgieron
protestas contra el mandatario las cuales tildó de ser un intento de
golpe de Estado.
Ortega acusó a los sacerdotes de “golpistas” y en el caso de
monseñor Álvarez fue señalado por la Policía en agosto de 2022 de
“organizar grupos violentos” en la Diócesis que dirigía en la ciudad
de Matagalpa, un poblado ubicado en el centro de Nicaragua.
El prelado dijo que las acusaciones en su contra eran falsas y
recalcó que no había cometido ningún delito en una homilía que se
transmitió en un Facebook Live.
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