Presidente Luís
Abinader promulga Ley sobre Fideicomiso Público
Por: Redacción
| 17 de marzo 2023
SANTO DOMINGO, R.D. (VIPRENSA).- El Presidente
Luis Abinader promulgó en la tarde de hoy la ley que
regula el fideicomiso público en la República
Dominicana. La esperada norma jurídica es ahora la
Ley 28-23 y regula por primera vez la importante
figura del fideicomiso público, estableciendo un
marco legal innovador para su organización,
estructura y funcionamiento.
La ley estipula que la constitución de los
fideicomisos públicos estará sujeta a la aprobación
del Poder Ejecutivo mediante decreto y deberá
cumplir con el artículo 128, numeral 2, de la
Constitución de la República, en casos específicos.
Asimismo, garantiza que las compras y contrataciones
públicas en el marco del fideicomiso público se
rijan por la Ley No. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones Públicas, Obras y Concesiones, y sus
modificaciones, asegurando una gestión eficaz y
responsable de los fondos públicos.
En cuanto al acceso a la información, la ley
establece un precedente al exigir que todas las
informaciones contenidas en el Contrato de
Fideicomiso u otros actos sujetos a registro público
sean reveladas por el Fideicomitente a través de su
respectivo Departamento u Oficina de Acceso a la
Información Pública, conforme a la Ley de Libre
Acceso a la Información Pública.
La supervisión y regulación de los fideicomisos
públicos recaerá en el ente gubernamental
participante en el fideicomiso, la Cámara de
Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la
Superintendencia del Mercado de Valores, según
corresponda, en función del objeto del fideicomiso.
Esta estructura de supervisión garantiza la
transparencia y la rendición de cuentas en el uso de
los recursos públicos.
La norma en cuestión también aborda las sanciones
administrativas, estableciendo un sistema de
clasificación de infracciones en muy graves, graves
y leves.
La Superintendencia de Bancos tendrá la facultad de
imponer sanciones a las fiduciarias, siguiendo los
criterios establecidos en la Ley núm. 107-13, sobre
los Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administración y de Procedimiento Administrativo.
La promulgación de esta ley marca un hito en la
historia de la República Dominicana y demuestra el
compromiso con la transparencia, la eficiencia y la
responsabilidad en la gestión de los recursos
públicos.
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