Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó acusación penal en contra de miembros de una familia de la provincia La Altagracia que se dedicaban al secuestro, a extorsionar, sobornar y lavar activos.

Los imputados, Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, formaron una red criminal para el secuestro, tortura y extorsión de sus víctimas.

La red fue enfrentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Los imputados, simulando ser agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), secuestraron a una persona de 47 años de edad en la comunidad La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia.

Portando indumentarias y armas largas, los malhechores raptaron a la víctima, a quien se llevaron presuntamente arrestado y lo trasladaron a un lugar escondido, en la carretera de Miches, donde lo retuvieron cuatro días, torturándolo y solicitando a sus familiares 20 millones de pesos a cambio de su rescate.

La investigación realizada por el órgano persecutor pudo determinar, que los imputados, con lo obtenido del secuestro, adquirieron vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y manejaban altas sumas de dinero, con el cual, permitió que la imputada Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas de la red, intentara sobornar a miembros de la Policía Nacional.

Severino Santana fue arrestada en flagrante delito por miembros de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, cuando entregaba en una estación de combustible de San Pedro de Macorís, la suma de RD$400,000, con el propósito de no dejar rastros del sometimiento de su familia.

La acusación penal cumple cabalmente con los requisitos para obtener una sentencia condenatoria en este caso, explicaron la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Claudia Garrido, fiscal de La Altagracia.

Indicaron que la acusación se basa en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la normativa procesal penal dominicana, fundamentadas en cadena de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes que acreditan la autoría y la participación de los imputados.

“La investigación fue realizada con rigor técnico y respeto a las garantías procesales, lo que otorga plena validez probatoria a los elementos presentados ante el tribunal”, indicó Ramona Nova, quien resaltó el compromiso institucional del Ministerio Público de enfrentar el crimen organizado.

De su lado, los fiscales de investigación, Claudio Cordero y Surielly Guerrero resaltaron las pruebas, la concordancia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes sobre la participación conjunta de los implicados.

El Ministerio Público está a la espera de la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.