Santo Domingo.- Tras la emisión de la sentencia 0195-2025-SCIV-00647 que anula el aumento salarial de la vicealcaldesa y los regidores del Ayuntamiento de La Romana, la entidad cívica, Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), anunció que mantendrá una estricta vigilancia sobre el proceso de devolución de los fondos públicos, advirtiendo que los funcionarios incurrieron en un claro acto de prevaricación, colusión, apropiación y uso indebido de recursos públicos.

La ADOCCO, que respalda la acción legal interpuesta por el ciudadano Wanchy Medina, sostiene que el auto-aumento de RD$15,000.00 mensual que se otorgaron los 14 funcionarios no sólo contravino el artículo 140 de la Constitución, sino que constituye una conducta penalmente sancionable, de la cual el PEPCA debe apoderar de forma oficiosa.

“La decisión de la magistrada Karuchy Sotero Cabral es una victoria de la institucionalidad, pero la ilegalidad cometida por la Vicealcaldesa Nelly Sobeida Bonilla Arias y los regidores es inaceptable. Al votar para aumentar sus propios salarios durante su período de gestión, usaron su cargo de manera abusiva, cometiendo prevaricación,” declaró Julio César Tiburcio, presidente de ADOCCO.

“Exigimos que el alcalde y la tesorera ejecuten la retención de forma inmediata para evitar ser cómplices por desacato”, agregó.

La sentencia ordena al alcalde (Eduardo Kery Metivier) retener la suma total percibida ilegalmente durante los once (11) meses (enero a noviembre de 2025), y reintegrar la suma de RD$165,000.00 por cada edil, lo que constituye un monto global a reintegrar de RD$2,310,000.00 a las arcas municipales.

ADOCCO advirtió que cualquier intento de dilación, subterfugio o negación por parte de las autoridades administrativas para ejecutar los descuentos ordenados por el tribunal será inmediatamente denunciado ante el PEPCA para el inicio de las acciones penales correspondientes.

Además, la entidad resaltó que el ahorro proyectado gracias a la sentencia de anulación del aumento evitó una erogación ilegal que, de haberse extendido a los cuatro años de gestión, habría ascendido a más de RD$10,080,000.00 en perjuicio de los munícipes de La Romana.

La sentencia recae directamente sobre los catorce (14) funcionarios que incurrieron en el “pecado de auto-aumentarse” los salarios, contraviniendo el mandato constitucional. Estos ediles son la vicealcaldesa, Nelly Sobeida Bonilla Arias, y los trece (13) miembros del Concejo Municipal: Orfelina Valdez Díaz, Osvaldo Cruz Báez, Esperanza Concepción Guzmán, Michael Ferreyra Berroa, Víctor Gabriel Mercedes, Juan Carlos Mora Peguero, Trina Miralba Angomás, Federico Antonio H. Guerrero Benítez, Sonia Miguelina Mota, Alfonso Jáquez Palacio, Ulises Aquino Franco, Cruz Johanna Batista Solimán y Oliva Tejada Montilla. Es importante destacar que, en cuanto al alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, la investigación determinó que no aceptó ni cobró el aumento salarial, quedando su rol limitado a ejecutar la orden de retención y reintegro de los fondos municipales.

De igual forma, ADOCCO, indicó que les dan seguimiento a otros recursos de similares objetivos se llevan a cabo contra los ayuntamientos Santo Domingo Norte, San Juan de la Maguana, y la Junta Distrital de Verón; y por excesos en los cobros que indican la ley salarial, Recursos contra los ayuntamientos de Higüey, San Pedro de Macorís, y El Seibo.