Alta Dirección del Estado, Crisis económica y de
gestión
Por:
Lic. Julio César Concepción Rodríguez
| 25 de septiembre 2023
SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. (VIPRENSA).-
Los órganos
son instrumentos de un sistema o actividad. Entre
las significaciones, nos interesa enfatizar en
aquellas que asocia el término a una organización o
una entidad que está compuesta por diferentes
equipos. Disgregar, es parte, de la acción de
reubicar ciertos servicios o funciones que
desarrolla un poder general hacia otras
delegaciones. El término es frecuente dentro de la
estructura del Estado. Por lo tanto, un organismo
descentralizado, no depende jerárquicamente del
gobierno central y que tiene ciertas competencias y
facultades autónomas, aunque funcione bajo la órbita
estatal. Estos pueden haber sido creados por un
decreto del Poder Ejecutivo o por iniciativa del
Congreso, funcionando incluso, aunque no en todos
los casos, con recursos públicos derivados
directamente de la administración central.
En todo momento se crean bajo lo que sería el
resguardo de un acto de tipo legislativo. Cuentan
con personalidad jurídica propia. Poseen una red de
oficinas y dependencias de diversas índoles.
Disponen de una estructura administrativa interna,
así como de los pertinentes órganos de
administración y representación que les son
necesarios para el desarrollo de sus funciones,
actividad, objeto y por supuesto, patrimonio. Se
ponen en marcha por tres objetivos o misiones
diferentes: para prestar un servicio social o
público, para promover técnicas a las áreas
estratégicas o para aplicar recursos con finalidades
de asistencia, aunque cuentan con su autonomía, eso
no impide que estén sujetos a la vigilancia o
control de lo que es la Administración Pública
Central, a través de los organismos designados por
la Constitución, la Contraloría General de la Rep.,
y la Cámara de Cuentas.
Desde el inicio de la actual crisis universal
sanitaria y por ende económica se han ofrecido
distintas interpretaciones sobre su origen (guerra
bacteriológica, comercial China EE.UU. etc.), y sus
consecuencias de escala inmensurable en lo sanitario
y el sector financiero, y también sugiere que una de
sus consecuencias es el reforzamiento de métodos que
se consideran necesario reducir el tamaño del Estado
como receta para salir de la crisis, a pesar de que
ese planteamiento está muy alejado de garantizar el
bienestar para la mayoría de los ciudadanos.
Considerando que el Estado Dominicano es el mayor
empleador. El bienestar es un bien público de
carácter colectivo, si se reduce el tamaño del
Estado se hará más difícil lograrlo. Se requieren
políticas públicas que funcionen con criterios de
eficacia, equidad y estabilidad, aunque para ello
sea necesario aplicar los ajustes necesarios al
renglón fiscal. La acción del sector público resulta
indispensable para regular el buen funcionamiento de
los agentes económicos, tanto en períodos de
dificultad como de prosperidad económica.
Con las secuelas de la crisis, que aún no se han
superado, se refuerza la tesis neoliberal, que
consideran perjudiciales el gasto y las políticas
públicas. Porque esa tesis parte de la convicción
ideológico de que la iniciativa privada es más
eficiente para el conjunto de los sistemas
económicos, de ahí las tonadas promocionales de
alianzas publico privadas (APP), de verdad esperemos
que sean proyectos/contratos bien concebidos, porque
al juzgar por referencia histórica no han resultado
de beneficios para la mayoría, que en principio debe
ser el objetivo principal. Los anuncios por parte
del Gobierno Central de fusiones/cierres de
múltiples órganos del estado, nos surge preguntar
entonces ¿Dónde irán a parar todos esos empleados
públicos, asignados en esas instituciones tendentes
a desaparecer? En definitiva, eso disminuye
significativamente el bien común incrementando las
dificultades de vida razonable a una gran parte de
la población.
El escenario demanda actuar con sentido
intensivamente crítico. Debo aclarar que comparto la
idea de la simplificación, eliminando las
duplicidades de funciones repetitivas sin ningún
sentido, o las que sí agreguen valor al proceso.
Pero no podemos dejar de lado considerar actuar
conforme el concepto de economía positiva el de
establecer una cadena de relaciones causa-efecto
entre los diferentes hechos. De ese modo, será
posible conocer los impactos en la realidad de
cualquier cambio en las variables actuantes.
La acción de los Estados y organismos
internacionales es necesaria para mejorar la
regulación de las economías en el actual contexto de
globalización. Por ello, la actual crisis conlleva
la reducción de las actividades públicas
particularmente en el ámbito de las políticas
sociales, al tiempo que ha forzado la activación de
mecanismos de ayuda destinados a resolver las
dificultades del sector financiero, desviando
recursos colectivos hacia los bancos. En lugar de
esa estrategia, la salida de la crisis podría
buscarse aumentando la recaudación de las Haciendas
Públicas, con subidas selectivas de impuestos que
refuercen la progresividad de los sistemas fiscales.
Está pendiente una reforma fiscal minuciosa
concatenada con políticas macroeconómicas que
estimulen la actividad y el empleo. No debe quedar
excluida la creación de una banca pública capaz de
competir con los bancos privados que contemple
ofertas de múltiples, servicios útiles para la
economía y el conglomerado ciudadano.
Es innegable que la crisis que ocasionó la pandemia
del covid-19, ha fortalecido los ofrecimientos que
insisten en otorgar a los mercados la regulación
fundamental y casi exclusiva de las actividades
económicas y, en consecuencia, proponen reducir a la
mínima expresión el papel de los poderes públicos.
Esta situación ha devorado el período de crecimiento
económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial.
Que estuvo basado en gran parte en la coexistencia
de economías compuestas en las que el Estado jugaba
un papel fundamental como regulador y como impulsor
de la economía y del bienestar social.
En la actual crisis, la hecatombe, del sistema
sanitario, la altísima luxación en el sector
financiero. Agreguemos a eso la crisis de los
cereales, creada por la guerra Rusia/Ucrania. Sin
embargo, a la hora de buscar y exigir
responsabilidades, parece que todas las miradas se
dirigen hacia el Estado, alegando que su dimensión
excesiva desvía recursos de otras actividades y se
imputa que sólo sirve para alimentar burocracias
inútiles, además de onerosas. A parte de argumentar
la reducción de su participación en actividades
estatales en varios ámbitos, como es el caso de la
no mejora significativa de la calidad de los gastos
públicos, en especial en materia de políticas
sociales. La irrupción de sociedades de naturaleza
muy distinta en la esfera de las políticas sociales
afecta el esquema y aplicación de las políticas
asistenciales. Por tanto, esto perturba la relación
del Estado con la ciudadanía.
La actual crisis ha hecho que la redistribución de
la riqueza beneficie de manera más clara a las
actividades financieras, inclusive el Estado ha
liberado más de $60 Mil MM., del encaje legal,
segmentado para inversión, mipymes, emprendurismo y
consumo, activando importantes transferencias de
dinero público destinado a ayudar a los sectores en
crisis, sin que esas ayudas se hayan manifestado
realmente en beneficio de la ciudadanía en la
proporción ni la intención con que fueron colocados
en la banca. Pero tan poco se han acompañado de las
medidas fiscales específicamente destinada a
combatir la especulación financiera.
A pesar de las enormes cantidades de fondos públicos
que los bancos han recibido, todavía hoy es difícil
para las pequeñas y medianas empresas, grupos de
emprendedores, así como para la mayoría de la
ciudadanía, conseguir crédito bancario. En lugar de
utilizar los fondos públicos para cumplir esta
función social (el compromiso de crédito), los
grandes bancos han utilizado tales fondos para
continuar con sus comportamientos especulativos.
Como consecuencia, la hostilidad de la población
hacia los bancos se ha acentuado aún más. Es un
aspecto clave para organizar las actividades tomando
en cuenta lo social, sectorial y la segmentación
geográfica.
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